Entrada en vigor factura electronica
Mapa mundial de la facturación electrónica
La facturación electrónica se utiliza hoy en día en todo el mundo y se está implantando cada vez más en todos los sectores y para todo tipo de transacciones. En concreto, en Alemania se intercambian cerca de 32.000 millones de facturas electrónicas al año. El Gobierno alemán ha legislado para promover su uso, dados los beneficios que aportan tanto a las empresas como al propio Estado. Además, la Unión Europea las ha hecho obligatorias en determinadas transacciones y el sector privado hace un uso creciente de ellas.
En 2017, la nueva Ley de Administración Electrónica transpuso a nivel nacional la Directiva 2014/55/UE, que establecía la facturación electrónica en el sector público. Esta ley obligaba a las autoridades públicas de todos los Estados miembros a tramitar y aceptar facturas electrónicas de sus proveedores (B2G) para facilitar el comercio en toda Europa, reducir el fraude y agilizar los pagos, entre otros beneficios.
Sin embargo, su aplicación no entró en vigor hasta noviembre de 2018, cuando pasó a ser responsabilidad de las autoridades federales. El 27 de noviembre de 2019 entrará en vigor para las autoridades regionales y un año después, el 27 de noviembre de 2020, para todas las contrataciones públicas superiores a 1.000 euros. A partir de esa fecha, todas las facturas recibidas por las administraciones en un formato no electrónico serán rechazadas. Deberán seguir la norma XRechnung en su versión actual o cualquier otra que cumpla los requisitos de la norma europea. Asimismo, las facturas electrónicas deberán ser enviadas y recibidas por las administraciones alemanas a través de la red PEPPOL.
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El 2 de agosto de 2021, Polonia presentó a la Comisión Europea una solicitud de excepción en virtud del artículo 395 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, para introducir medidas especiales de inaplicación de sus artículos 218 y 232.
Les recordamos que el 1 de enero de 2022 entró en vigor la normativa sobre un nuevo tipo de factura, la denominada factura estructurada (e-factura), y el sistema a través del cual es posible expedirla y recibirla, es decir, el Sistema Nacional de Facturación Electrónica (en polaco: Krajowy System e-Faktur, KSeF).
En la actualidad, la emisión de facturas mediante el nuevo sistema es voluntaria. Sin embargo, a partir del segundo trimestre de 2023, según ha anunciado el Ministerio de Hacienda, el uso de las facturas electrónicas, que sustituirán a las actuales facturas en papel y electrónicas, será obligatorio.
La característica clave de las facturas electrónicas es que pueden emitirse y enviarse directamente desde los programas financieros y contables de los contribuyentes en un formato digital estructurado (basado en una estructura lógica uniforme proporcionada por el Ministerio de Hacienda), utilizando el sistema TIC operado por el Ministerio de Hacienda, es decir, el Sistema Nacional de Facturación Electrónica. El contribuyente puede emitir una factura estructurada a través de una cuenta individual en el sistema KSeF.
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El mandato permitirá a los ciudadanos participar en la elaboración de normas antes de su desarrollo. Esta consulta pública se realiza a través del portal web del departamento competente y todas las partes interesadas tienen hasta el 22 de marzo de 2023 para enviar sus comentarios.
En base a la información recibida, el Gobierno desarrollará y aprobará el marco normativo necesario de acuerdo con la Ley por la que se adopta la facturación electrónica B2B obligatoria, publicada el 29 de septiembre de 2022.
Esta Ley también modifica la Ley 56/2007 de Medidas de Impulso de la Información para adoptar la obligatoriedad de la emisión de factura electrónica para todos los empresarios y profesionales en sus relaciones comerciales.
Según esta Ley, todos los empresarios y profesionales deberán expedir, enviar y recibir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otros empresarios y profesionales. Además, el receptor y el emisor de facturas electrónicas deben facilitar información sobre el estado de las mismas.
La ley establece que las empresas que presten determinados servicios a consumidores finales deberán expedir y enviar facturas electrónicas en sus relaciones con las personas físicas que acepten recibirlas o que las hayan solicitado expresamente. Esta obligación afecta a las empresas que prestan servicios de telecomunicaciones, servicios financieros, servicios de agua, gas y electricidad, entre otros sectores y actividades previstos en el artículo 2.2 de la Ley 56/2007.
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Para implantar la facturación electrónica, los departamentos fiscales de las provincias revisarán y clasificarán a los contribuyentes en empresas, organizaciones económicas, hogares comerciales y particulares. Los proveedores locales de servicios de factura electrónica serán revisados y notificados sobre la implantación por las administraciones tributarias para garantizar que las infraestructuras y soluciones cumplen los requisitos.
